miércoles 21.2.2018
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“Sólo es persecución política”
 
La ex presidenta atribuyó la denuncia por “daños y perjuicios” por 22.500 millones pesos del titular de Vialidad, a la campaña en su contra. Marcó las contradicciones de la presentación judicial y pidió que citen como testigos a sus jefes de Gabinete y gobernadores de Santa Cruz.

“El único argumento que tiene el Gobierno en su demanda es la persecución política”, aseguró la senadora Cristina Kirchner en un descargo que presentó ante el juez Julián Ercolini por la demanda por “daños y perjuicios” por 22.500 millones pesos que le inició hace dos semanas el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. El administrador de Vialidad se presentó como “actor civil” contra la ex mandataria y otros funcionarios por el supuesto “daño ocasionado por los hechos de corrupción”, en la causa en la que Ercolini ya procesó a la ex presidenta por “asociación ilícita” por las obras otorgadas en Santa Cruz al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez. 

En su respuesta, CFK advierte el “absurdo” jurídico de pasar por alto la responsabilidades de los empresarios que participaron de las licitaciones del período kirchnerista –entre ellos Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri– y los jefes de Gabinete y gobernadores que cumplieron funciones desde 2003 no para incriminarlos sino para rechazar “todo tipo de persecución política”. En ese marco, pidió que se los convoque como testigos en la causa. “Extender los atropellos a otros militantes atenta contra la unidad de las luchas sociales”, sostuvo en el documento presentado a Ercolini. 

“El otrora candidato a intendente del PRO realiza una demanda civil, tan ridícula que pone en peligro el sistema de gobierno republicano”, inicia el descargo de la ex presidenta presentado por su abogado Carlos Beraldi respecto de la demanda civil presentada por el organismo público. La presentación recuerda que una denuncia similar que quedó en la nada había sido presentada por los actuales diputados de Cambiemos Elisa Carrió y Fernando Iglesias. 

La denuncia de Iguacel también apunta contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Pública José López, Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor) y Báez, todos ellos procesados por Ercolini. Con argumentos similares a los que la ex presidenta mantuvo respecto de la causa principal, que a fines de enero pidió sea llevada a juicio oral, la respuesta firmada por Beraldi indica que se “intenta atribuir responsabilidad civil a quien fuera presidenta” por “el solo hecho de haber designado a alguno de esos funcionarios y por haber elaborado y aprobado el Presupuesto Nacional conforme la Constitución Nacional exige” y agrega que “resulta ridículo pensar que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se presentaron como candidatos a la primera magistratura de la Nación con el sólo objetivo de conformar una asociación ilícita”.

En ese punto, el texto tilda de “absurda” la presentación debido a que la confección y ejecución del Presupuesto Nacional es responsabilidad del jefe de Gabinete, pero ninguno de ellos fue denunciado por Iguacel. “La persecución selectiva del Gobierno es animosa, no sólo encarcela, sin razón (lógica y jurídica) a ex funcionarios públicos, sino que evita demandar a quienes ocuparan el cargo de jefe de Gabinete”, advierte el descargo. 

Pero lejos de pedir la ampliación de esa denuncia, la ex presidenta advierte que no puede “bajo ningún concepto, convalidar el atropello jurídico al que Cambiemos, en palabras de Iguacel, se aventura” porque “implicaría ser cómplices del ataque permanente a la oposición política que caracteriza a este gobierno”.

“Extender los atropellos a otros militantes atenta contra la unidad de las luchas sociales. Unidad necesaria para hacer frente a las políticas de hambre y ajuste que tantas penurias causan a nuestro pueblo”, advirtió Cristina al volver a denunciar públicamente la persecución judicial encarada por Cambiemos “al efecto de eliminar permanentemente cualquier tipo de oposición política a su plan de ajuste”. 

En ese tono, la defensa de CFK solicitó que se convoque como testigos, a quienes ocuparan el cargo de Jefe de Gabinete durante sus dos presidencias y también durante la de Néstor Kirchner:  Alberto Fernández, Aníbal  Fernández, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Sergio Massa. Y también, “en virtud de ser quienes ejecutan el presupuesto”, solicitó las declaraciones testimoniales de los gobernadores santacruceños de 2003 hasta la actualidad: Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta y Alicia Kirchner.

“¿Qué categoría ética y moral depara a quien, deliberadamente, incluye en sus acusaciones a miembros de la familia del presidente Macri pero no denuncia?”, pregunta la presentación al recordar que “el propio gobierno reconoce en su absurda demanda que los cinco principales grupos empresarios (Techint, Electroingeniería, Iecsa, Corporación América e Invap) fueron adjudicatarios de más del 20 por ciento de toda la obra inversión pública centralizada”, mientras “Baez ocupa, recién el lugar número 38”.

En otro tramo, indica que los aumentos de precios en los costos de las obras se dieron por distintas condiciones circunstanciales e incluyeron a grupos empresarios “carnalmente ligadas a Mauricio Macri”, por lo que mencionar solo la concesión de obras al Grupo Austral “es producto de una conducta delictiva es absolutamente absurdo, malicioso y arbitrario”. 

“En conclusión, el único argumento que tiene el gobierno en su demanda es la persecución política. La ausencia palmaria de los presupuestos de la responsabilidad evidencia un conglomerado político, mediático y judicial que apunta a denostar, demonizar, difamar y estigmatizar cualquier expresión política que exprese los intereses de los sectores populares”, sostiene el documento presentado por la ex mandataria.

 


 

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