sábado 16.12.2017
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El Congreso aprobó una nueva ley de "Compre Argentino"
 
El proyecto obtuvo media sanción y pasa al Senado, con 188 votos afirmativos y solo 4 negativos.

Con amplio respaldo, la Cámara de Diputados aprobó anoche con media sanción el proyecto de ley de "Compre Argentino", que apunta a darle prioridad a los ofertas de bienes nacionales en las compras públicas que realiza el Estado.

Con 188 votos positivos y 4 negativos, y en el marco de una sesión maratónica, la Cámara baja giró al Senado el dictamen, que sufrió varias modificaciones durante su tratamiento en comisiones respecto al proyecto que en mayo había enviado al Congreso el Poder Ejecutivo.

El proyecto -avalado por todos los bloques a excepción del Frente de izquierda- eleva los márgenes de preferencia para ofertas de bienes de origen nacional respecto de los bienes de origen extranjero: en el caso de las pymes, se pasa del 7 al 15%, mientras que para el resto de las empresas, se pasa del 5 al 8%.

Por otra parte, se incorporó en la versión final un piso de reserva de mercado para pymes constructoras y de servicios.

"Hemos logrado un dictamen que tiene el mayor consenso posible. Nos llevó siete meses el debate. Hemos logrado una gran herramienta que tiene como beneficiario objetivo las pequeñas empresas", destacó el presidente de la comisión de Obras Púbicas, Sergio Ziliotto (bloque Justicialista), quien agregó que la normativa propuesta "va a contramano de la política económica del Gobierno nacional".

En el artículo 5, se definen los requisitos para que un bien pueda ser considerado de origen nacional: "Cuando ha sido producido o extraído en el territorio de la República Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el 40 por ciento de su valor bruto de producción.

El régimen de "Compre Argentino" impone sanciones a las empresas que incumplan las obligaciones establecidas en la normativa, que comprenden desde el apercibimiento, pasando por multas de entre el 5 y el 50 por ciento del monto del contrato y la suspensión para ser adjudicatario de futuros contratos, concesiones o licencias por un plazo de 3 a 10 años.


 

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