jueves 23.11.2017
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Informacion General
Para que Martínez de Giorgi no duerma la causa
 
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo G. Farah instaron al juez federal a que ponga en marcha “cursos de acción rápidos” que “sirvan para obtener mayores precisiones” en la causa que investiga el presunto pago de sobornos para la adjudicación de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Una de las empresas implicadas es IECSA, que en ese momento era propiedad de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri.

La Cámara Federal porteña le ordenó hoy al juez Marcelo Martínez de Giorgi que disponga "medidas rápidas y eficaces" sobre el patrimonio de las empresas investigadas por el pago de sobornos para acceder a la realización de la obra de soterramiento del tren Sarmiento. Entre las empresas investigadas se encuentra la constructora brasileña Odebrecht y la firma Iecsa, que durante el período investigado pertenecía a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Una inhibición general de bienes sobre las empresas investigadas es una de las medidas que están en danza.

"La instrucción trae aparejado cierto grado de dificultad probatoria sobre determinados aspectos del iter criminis -más que nada en función de los resultados infructuosos que han tenido en otros países los exhortos internacionales-. Pero ello no obsta a la producción de cursos de acción rápidos y que sirvan para obtener mayores precisiones", sostuvieron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo G. Farah en su resolución, en la que ratificaron que la Unidad de Información Financiera (UIF) no cumple los requisitos para ser considerada querellante en la causa.

En el marco del expediente en el que interviene el fiscal Franco Picardi y en el que se investiga una obra pública de 3 mil millones de dólares, el juez ya había allanado las oficinas de Odebrecht, Iecsa y Ghella, entre otras. La Cámara porteña remarcó que la causa investiga el “pago de sobornos por parte del Grupo Odebretch y socios locales a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra ‘Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno’ de la Línea Sarmiento, acto administrativo que benefició al consorcio integrado por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebretch S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.”.

En un dictamen de junio pasado, Picardi advirtió que entre 2005 y 2014, hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública. El fiscal pidió al magistrado que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y autoridades y directivos de "Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país".

El ejecutivo de Odebrecht Da Silva intercambió correos electrónicos con un directivo de la empresa en Argentina, Couri Ribeiro, alusivos a una transferencia millonaria vinculada a la Argentina de la que también se escribía con Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo arresto domiciliario en otra causa por corrupción. También se incluyó en la investigación al lobbista Jorge "Corcho" Rodriguez, ex pareja de Susana Giménez, y requirió que se establezca si hubo visitas suyas al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido en el período investigado

La orden emitida por la Sala II del tribunal de apelaciones apunta a que, en base a la información que ya se encuentra en el expediente, el juez de la causa disponga "medidas rápidas y eficaces", como una inhibición general de bienes sobre las empresas investigadas.


 

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